La esencia del Canal de Denuncias y sus obligaciones empresariales

En base a la Ley, las empresas que están obligadas a implementar estos canales de denuncia son las siguientes:

• Personas físicas o jurídicas que emplean a 50 o más personas.

• Empresas del sector financiero o personas jurídicas que, aunque no tengan su sede en España, desarrollan actividades a través de sucursales o agentes sin residencia permanente.

• Partidos políticos, sindicatos, patronales o fundaciones creadas por estos organismos y que reciben financiamiento público.

• Grupos de sociedades.

La fecha límite para la creación de canales de denuncia en empresas con una plantilla de más de 249 personas ya venció el 13 de junio. La próxima fecha límite es el 1 de diciembre de 2023 para empresas con más de 50 empleados.

Las multas por incumplimiento de esta obligación serán aplicadas por la Inspección de Trabajo tres meses después del plazo establecido.

¿Cuál es la función de un Canal de Denuncias?

Los canales de denuncia tienen como objetivo principal proteger a aquellos individuos que reportan casos de corrupción, fraude o violaciones a la ley en los países de la Unión Europea.

Estos canales buscan proteger tanto a trabajadores indefinidos como a tiempo parcial, así como a aquellos con contratos de duración determinada, tanto en el sector público como en el privado.

También incluyen a funcionarios y empleados del sector público, así como a terceros que proporcionen información al denunciante.

La protección se extiende a terceras personas que tengan relación con el informante y puedan enfrentar represalias, como aquellas que alerten sobre irregularidades, familiares que trabajen en la misma empresa o entidades relacionadas con la persona informante en el contexto laboral.

Es importante destacar que la protección no se pierde incluso si posteriormente se verifica que la información proporcionada era inexacta o no se materializó. La clave es que el denunciante tenía motivos razonables y sustanciales para creer que la información era verdadera en el momento de la comunicación.

Nuevas Obligaciones

La Ley de protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobada en el Congreso y publicada en el BOE el 20 de febrero de 2023, introduce nuevas obligaciones para ciertas empresas de acuerdo con la Directiva (UE) 2019 /1987 del Parlamento Europeo del 23 de octubre.

La Directiva requiere la creación de canales de denuncia tanto internos como externos en las organizaciones para garantizar la confidencialidad. Estos canales operan en tres niveles:

1. Canal de denuncias internas en la propia entidad.
2. Canal de las autoridades competentes si el canal interno no funciona adecuadamente.
3. Uso de medios de comunicación en caso de que las autoridades no actúen o cuando existan peligros inminentes.

¿Qué se puede denunciar?

Los canales de denuncia permiten reportar infracciones que violan las leyes de la Unión Europea en áreas como servicios financieros, medio ambiente, contratación o salud pública, entre otros.

Protección al Denunciante

La ley prohíbe que un trabajador informe sobre irregularidades sea despedido o suspendido de su contrato laboral, se le apliquen medidas disciplinarias o se modifiquen negativamente sus condiciones de trabajo; y por supuesto, que experimente cualquier tipo de acoso o intimidación. 

Pese a ello, y como media cautelar para evitar que se pueda derivar de una denuncia alguna de estas situaciones, los canales oficiales de denuncia preservan el anonimato de los denunciantes.

Sanciones por incumplimiento del Canal de Denuncia

La ley contempla multas de hasta un millón de euros para las empresas que no cumplan con la obligación de implementar un canal de denuncia.

Las multas varían desde 1.001 euros hasta 300.000 euros para personas físicas y desde 10.001 euros hasta 1.000.000 de euros para personas jurídicas.

Además, se sancionará a personas que presenten denuncias falsas o a empresas que revelen tales denuncias.